El legislativo de El Salvador aprobó este jueves una nueva extensión del estado de emergencia impuesto por el gobierno de Naib Buquel, para llevar a cabo su controvertida política de 'guerra contra las pandillas', que se mantiene vigente desde marzo de 2022.
La aprobación del parlamento salvadoreño, que apoya mayoritariamente a Buquele, fue de 57 votos a favor, uno en contra y dos abstenciones, a pesar de las continuas acusaciones de tortura policial y abusos contra los derechos humanos disfrazados de políticas de seguridad.
La prórroga regirá por otros 30 días a partir del 11 de mayo, dijo el presidente del Parlamento, Ernesto Castro, durante la primera sesión plenaria extraordinaria de diputados de la legislatura 2024-2027.
“Como legisladores estamos comprometidos a apoyar las decisiones que tome el presidente Bukele junto con su Gabinete de Seguridad, desde el primer día. Siempre garantizaremos la gobernabilidad que el país necesita para salir adelante”, agregó Castro en declaraciones a la prensa local.
El parlamentario indicó que los resultados de la política de seguridad de Bukele no se pueden medir únicamente con las estadísticas de la policía nacional. “Salvar vidas no tiene precio. Muchos salvadoreños han escapado de asesinatos, extorsiones y secuestros por parte de pandillas. Miles de familias se han librado del dolor y la pena y eso es algo que nunca podremos contar”, afirmó.
Por su parte, el diputado Francisco Lira, citado por medios locales, señaló que, más allá del ambiente de seguridad generado, también se registraron arbitrariedades que afectaron a “personas humildes, amas de casa, trabajadores agrícolas, jóvenes, mujeres embarazadas que están pagando por el delito”. no cedió.”
Por ello, Lira solicita que se implemente una medida diferente que sustituya la política de excepción y, además, “promueva una cultura de respeto a la presunción de inocencia y al debido proceso”.
¿Seguridad sin derechos humanos?
Un informe titulado 'Modelo Buclay: Seguridad sin Derechos Humanos'. Los dos años de estado de emergencia en El Salvador, que fue firmado por varias organizaciones, destacó que entre marzo de 2022 y marzo de 2024 se presentaron 6.305 denuncias alegando violaciones a los derechos humanos.
El abuso más significativo es la detención arbitraria o ilegal con 5.931 casos, el 94% de las víctimas.
Por otro lado, se violó el debido proceso en 5.470 casos, el 87% de los cuales involucraron a denunciantes. También hay denuncias de allanamientos irregulares, tratos crueles, inhumanos o degradantes y acoso contra la fuerza pública.
A través del estado de emergencia, el gobierno de Buchelle permitió que la gente actuara sin el debido proceso de presunción de inocencia. Además, suspende el derecho a ser informado de los motivos de la captura, la defensa técnica, la prisión preventiva desde 72 horas hasta un máximo de 15 días y las garantías de inviolabilidad de las telecomunicaciones y correspondencia.
La medida entró en vigor en medio de una serie de asesinatos perpetrados por pandilleros y ha sido la principal estrategia de seguridad del gobierno de Bukkel durante más de dos años a pesar de ser un decreto excepcional.
Tomado de L Universal