Caracas. La aprobación por parte de la Asamblea Nacional (AN) de la “promulgación” de una ley para proteger las pensiones de la seguridad social, y su posterior promulgación apresurada En el boletín oficialParte del trasfondo político parece ser conseguir recursos para aumentar las pensiones, aunque deja sin despegar a las empresas que todavía están en “3 y 2”, principalmente pequeñas y medianas.
El texto aprobado por el Parlamento -de mayoría oficialista- obliga a las empresas privadas a realizar una aportación especial de hasta el 15% a los empleados en concepto de bonificaciones salariales y no salariales basadas en un “ingreso mínimo integral definido”. Por parte del gobierno, es decir 130 dólares aún no es oficial, pero lo anunció Nicolás Maduro el 1 de mayo.
Desde el sector privado, la Federación de Asociaciones de Cámaras de Comercio y Producción (Fedecámaras) advierte -en un comunicado entre líneas- que un porcentaje alícuota superior al 6% “no sería sostenible para ninguna empresa privada” y que el monto fijo contribución “crearía dificultades” en términos de creación de empleo.
En cambio, los empleadores proponen que la base para calcular el aporte sea el salario “normal” correspondiente al mes anterior y el límite superior se fije en tres veces el equivalente al “ingreso mínimo integral”, lo que equivaldría a $390.
Según cálculos del Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF), el salario promedio en el sector comercio y servicios en el área metropolitana de Caracas fue de $225 en el primer trimestre de este año. La Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (NCOV), por su parte, reveló que sólo el 22,6% del total de ocupados en el país en 2023 estaban en el sector privado, mientras que el 48,3% eran trabajadores por cuenta propia.
Impacto excesivo de los impuestos
Pese a la aparente “apertura” del Gobierno al sector privado desde 2018 -desregulando la economía y permitiendo la libre circulación de divisas-, la falta de ingresos petroleros ha traído consigo lo que empresarios y expertos llaman “gula fiscal”, cuyos tipos y tasas afectan negativamente las ventas y la economía del país. Afecta la sostenibilidad de las empresas.
En un artículo publicado en el portal Prodavinci, los economistas de la firma privada Ecoanalítico, Asdrúbal Oliveros y Jesús Palacios revelaron que el impacto en los ingresos netos de las empresas sólo a través de los impuestos nacionales (IVA, IGTF e ISLR) podría ser cercano al 40% y podría ser . Otras contribuciones parafiscales como los impuestos al saneamiento urbano o a la actividad económica alcanzan más del 60%.
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