La presidenta peruana, Dina Baluarte, visitó la fiscalía el miércoles para testificar en una investigación sobre denuncias de genocidio, escalada de homicidios y lesiones graves durante las protestas antigubernamentales que han matado a más de 60 personas en tres meses.
Baluarte ha venido a declarar al respecto por segunda vez. Cientos de policías se apostaron alrededor de la fiscalía para controlar posibles excesos. Los agentes instalaron barricadas en manzanas cercanas para impedir la libre circulación en el centro de Lima. El auto presidencial ingresó a la sede del Ministerio Público sin detenerse a través de vidrios polarizados.
Según la Defensoría del Pueblo, 67 personas murieron y más de 1.900 resultaron heridas en las protestas. Casi todos los muertos eran civiles, la mayoría con heridas de bala y algunos con heridas de bala en la cabeza.
El genocidio se castiga con un mínimo de 20 años de prisión. También están bajo investigación el ex primer ministro Pedro Angulo y otros ex funcionarios.
Baluarte llegó al poder el 7 de diciembre después de que su predecesor, el entonces presidente Pedro Castillo, intentara disolver el parlamento y fuera destituido. Castillo se encuentra detenido preventivamente desde hace 18 meses mientras es investigado por el presunto delito de rebelión.
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Desde entonces, estallaron protestas en zonas rurales del sur de los Andes, exigiendo la renuncia de Baluarte y de los parlamentarios. Las protestas se extendieron a Lima, pero a mediados de febrero habían amainado.
Sin embargo, el Congreso decidió adelantar las elecciones presidenciales y parlamentarias. Baluarte y cuatro planes para acortar el mandato de los legisladores fueron descartados por no conseguir los votos necesarios.
