Con la caída del comunismo en 1989, Occidente entró en una era revolucionaria de gobernanza digital e inteligencia artificial, destacando la perforación o la reverencia de la ley constitucional por parte del estado.
En el Foro de São Paulo (1990-1991) y sus textos, se especifica como objetivo de los sucesores del marxismo el acceso al poder democráticamente, pero con fines permanentes; Tanto como advierten que sus integrantes serán procesados por narcotráfico y vínculos con el terrorismo.
Así, dio a luz a la ruptura constitucional que conocen Venezuela (1999), Bolivia (2007) y Ecuador (2008), repitiéndose el Chile de Boric en 2022 y sin éxito inmediato. El molde destructivo se transfiere a través de la inflación de los derechos humanos al por menor, imposibles de defender con eficacia, desintegra la unidad nacional, se entrega al odio, mientras crece el activismo electoral para socavarla. Son accesorios de teatro.
Con la llegada del Covid-19, los sucesores del marxismo dejan de calificarse como socialistas del siglo XXI. Abandonan los nichos históricos que reclamaron para reemplazar Estado y nación (bolivarianos, martinianos, sandinistas) –ahora los identifican como desviaciones fascistas– y se consideran progresistas. Calumniaron al grupo de Puebla y apoyaron los objetivos destructivos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible (Agenda 2030) y denunciaron nuevamente en 2019 que los estaban demandando para proteger a sus líderes. ellos hablan La guerra de leyes O batallas judiciales, y lo central aquí.
él La guerra de leyes Colectivamente como el nombre de un grupo de juristas y constitucionalistas que trabajaron bajo las administraciones de Bush y Obama y siguieron las decisiones de la administración de Trump, particularmente la Orden Ejecutiva 13,769 de 2017 para detener la entrada de terroristas extranjeros a los Estados Unidos por la seguridad de la nación a través de Los tribunales. Fue detenido por una corte de apelaciones en un fallo sostenido por el grupo y no está de más mencionar que el presidente español JL Rodríguez Zapatero -miembro del grupo de Puebla, Ernesto Samper (juzgado por autoridad Tribunal Supremo Proceso 8000, 1995)- en 2005 Impulsa la Alianza de Civilizaciones, para acabar con el castigo de los terroristas por parte de Estados Unidos como consecuencia de la caída de las Torres Gemelas.
Durante este período, la destitución de jueces sin fórmula judicial y su reemplazo, por abogados cercanos al “autoritarismo electoral” de la época, se convirtió en la experiencia más común. Así sucedió en Venezuela en 1999, cuando Chávez controlaba para sus fines la Corte Suprema de Justicia, desde la cual siempre tomaba decisiones a favor de fines revolucionarios y deconstructivos. Anteriormente, en 1997, bajo el gobierno del presidente peruano Fujimori, fueron destituidos los magistrados de la Corte Constitucional que pretendían impedir su reelección. Y tal como lo hizo posteriormente Nicolás Maduro, Fujimori denunció la Convención Americana sobre Derechos Humanos, eludiendo su regulación.
La perpetuación del poder mediante el fraude y el engaño en el derecho constitucional estatal, que luego se concretó en Venezuela (2007, 2013), Honduras (2016), Bolivia (2018), El Salvador (2021), fue condenada, sin eco, por la Comisión de Venecia (2018) y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, buscando preservar el principio de las alternativas democráticas (2021).
Así, el actual desconocimiento del mandato constitucional y decisión del Tribunal Supremo de los líderes independentistas catalanes en España, no pretende por casualidad socavar la unidad nacional; El presidente de Argentina choca con el juicio de la Corte Suprema por la condena de su vicepresidente; malestar local en Perú, que afecta la imparcialidad e imparcialidad del poder judicial; Intentos de “retirada” en Ecuador, alentados por otro condenado, Rafael Correa; la dictadura analfabeta de Nicaragua, con una total ausencia del estado de derecho; Cárceles políticos en Bolivia y Venezuela, donde también fracasaron las transiciones constitucionales a la democracia, mientras la comunidad internacional se neutralizaba en el tema y exigía que la legitimidad se comprometiera con la ilegitimidad.
En fin, como no faltan los despropósitos, la Colombia de Santos reemplaza la regla contra la impunidad de los crímenes de lesa humanidad por abrir espacios a una “justicia transicional” que los perdone -y le valió el Premio Nobel- o la Colombia de Petro, que predica esa criminalidad. es un delito en el código penal anulado, así como luchó públicamente contra la Fiscalía y la Corte Suprema.
Mire, entonces, la abierta judicialización de la política en Estados Unidos, atemperando o escondiendo el extremismo de su opinión pública, o el caso de Naib Buquel en El Salvador, que divide la voluntad. Dice que puso fin al crimen al sobreseer el juicio constitucional con su “mayoría parlamentaria”, ya que controlaba sus actuaciones. Ha establecido verdaderos campos de concentración para mantener a los criminales detenidos arbitrariamente en ausencia de una revisión judicial independiente que muestra con orgullo. Y ahora, como hizo Chávez en Venezuela, dirige los ministerios públicos y ordena a los jueces que despojen de sus riquezas a los opositores a su causa. Por si fuera poco, en México, Andrés M. El gobierno de López Obrador avanza en una reforma constitucional para manejar la ingeniería electoral y renovar los patrones de representación política, buscando perpetuar su dominio.
Lo preocupante en todo esto es que la agenda del Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla y la Agenda 2030 de la ONU no abordan la democracia, excepto para destruirla desde adentro, para señalar una publicación. -Etapa democrática. – y da menos importancia al estado de derecho. No cuenta para ellos. Tal vez lo reduzcan a ideas de paz, justicia e instituciones “fuertes”. Ven a la justicia independiente como elitista y prescindible, que no paga por la destrucción cultural ni sucumbe a los dictados del mayoritarismo y el populismo.
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