Un grupo en Venezuela exigió este domingo, una vez más, la libertad de la activista de derechos humanos Rocío San Miguel y de “todos los presos políticos, más de 300” de su país, además de expresar temores de un posible “fraude” en las elecciones presidenciales. En julio.
Tras cumplirse 100 días de la detención de San Miguel y su exmarido Alejandro González de Canales, ambos hispanovenezolanos, unas 50 personas se concentraron en el centro de Madrid en señal de “solidaridad” y “apoyo” y de condena. El chavismo lleva 20 años “amenazando y destruyendo” la nación y “violando” los derechos humanos.
En un manifiesto advirtieron que cualquier persona podría ser “encarcelada” por el simple hecho de ir a protestar contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro.
Asimismo, no hay “ninguna garantía” de que las próximas elecciones sean un proceso electoral “libre y plenamente democrático”, citando “barreras” administrativas para el registro y la votación o la presentación de candidatos.
Muchos presos políticos no saben de qué se les acusa
En declaraciones a Efe, Yazaira González de Canales dijo que su hermano Alejandro fue detenido en su domicilio el 9 de febrero y encarcelado temporalmente.
Por ahora, ni él ni su familia saben oficialmente de qué se le acusa, ya que no tienen acceso al sumario, no le han permitido defenderse con un abogado de su confianza y no sabe lo que ha pasado. encargado de. .
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Según algunas informaciones y suposiciones obtenidas, podría tratarse de “espionaje militar” por parte de Estados Unidos, aunque Alejandro González de Canales dejó las fuerzas armadas hace 13 años, según su hermana.
Perdió de diez a quince kilos en el penal Rodeo 1 y su padre, de 83 años, puede visitarlo unos 15 minutos a la semana, explicó Yazaira, quien valoró el apoyo de las autoridades consulares españolas en Venezuela. Además, las familias “temen represalias” si exigen una explicación de su situación.
Impotencia y condiciones inhumanas
Verónica, hermana de Fernando Noir, condenada a 24 años de prisión por “terrorismo” en agosto de 2020, también denunció la “falta de legítima defensa”, ya que no les permitieron tener abogados privados y no tuvieron acceso a los expedientes judiciales.
Cumple su condena en Rodeo 1 en condiciones “inhumanas” y en “aislamiento” con diez minutos de visitas semanales.
El 9 de febrero, Rocío San Miguel, presidenta de la ONG Control Ciudadano, fue detenida “arbitrariamente” y acusada por la fiscalía de estar involucrada en una conspiración que incluía un complot para asesinar a Maduro.
Lo detuvieron en el aeropuerto de Caracas, cuando se disponía a viajar con su hija.
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