La policía de la provincia argentina de Misiones (noreste) suspendió un campamento de 12 días, que comenzó el 17 de mayo, la madrugada de este miércoles, luego de llegar a un acuerdo con los lugareños, como protesta en busca de mejoras salariales. Gobierno, reportan a la autoridad fuentes de fuerza.
“El Gobierno de la Provincia de Missionnes entiende que los policías merecemos respeto, merecemos un salario digno, somos seres humanos, aunque llevemos uniforme, tenemos una familia detrás de nosotros”. Policía misional Ramón Amarilla, luego de una reunión con el ejecutivo de la provincia fronteriza con Brasil y Paraguay.
La tensión era así. la policía Activos y jubilados que acampaban frente al Comando Radioeléctrico en Posadas, capital provincial, dijeron que el Ejecutivo nacional decidió el 17 de mayo crear un comité de crisis con la provincia hasta que se restablezca la seguridad en el distrito.
“Es importante entender”, dijo Amarilla, añadiendo que incluye un aumento de 15.521 pesos (15,5 dólares) y un salario inicial de 520.000 pesos (unos 520 dólares), que querían alcanzar en un plazo de dos meses, y la presentación de medidas disciplinarias previas.
Amarila calificó la protesta de “educativa”.
Amarila también indicó que las protestas y conversaciones, que este miércoles cumplirán 13 días, fueron una “experiencia de aprendizaje” para todas las partes.
“Lo que firmamos va a marcar el entendimiento del gobierno antes y después de que el brazo efectivo de la seguridad pública es la misión policial y los servicios penitenciarios”, dijo Amarilla, agregando que “uno de los principales logros” que la policía y el personal penitenciario Se reconoció la negociación sindical.
Javier Sarkar merced Indicó que el problema salarial de la misión -que se extiende también a los trabajadores de la salud y la educación- es una cuestión provincial.
Desde que comenzó la administración de los políticos libertarios el 10 de diciembre, ha habido protestas sindicales, incluidas dos huelgas generales el 24 de enero y el 9 de mayo, para exigir mejores salarios debido a la alta inflación (289,4% anualizado en abril) y la caída del poder adquisitivo. De la política de coordinación del ejecutivo.
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