La Corte Suprema de Justicia citó al presidente colombiano Gustavo Petro a declarar como testigo; Al Ministro de Salud, Guillermo Jaramillo y otro alto funcionario Casos de corrupción en Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD), que incluye a los jefes del Senado y la Cámara de Representantes.
El Alto Tribunal determinó “una declaración del presidente Gustavo Petro, el ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo y el secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, Andrés Idárraga Franco”, como parte de la investigación contra los presidentes del Senado, Iván Nam (Alianza) Verde), y de la Cámara de Representantes, Andrés Cale (Partido Liberal).
“La declaración del presidente Petro y del ministro Jaramillo se hará mediante actas juradas”, señaló la Corte Suprema en un comunicado.
Asimismo, “ordenó inspecciones judiciales a la Oficina de la Presidencia y a la Secretaría y Cámaras del Senado para obtener información sobre el proceso de reforma de salud y reforma de pensiones”, la primera de las cuales quedó sumergida en su trámite legislativo. Y se convirtió en la segunda ley.
El llamado al presidente se produce luego de que el exdirector de la UNGRD, Olmedo López, declarara ante un tribunal que la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) recibió dinero del Estado a través de contratos de la entidad, envuelta en un escándalo de corrupción.
En una declaración que brindó ante los investigadores de la Corte Suprema de Justicia el mes pasado, publicada el martes por Notícias Caracal, López aseguró: “Es una red que incluye desde ministros hasta contratistas, pero entre otros funcionarios (…) y “es un actor que tiene capacidades militares muy fuertes”.
“El nombre del papel que mostré a la Fiscalía y está en el resumen de mi declaración (…) dijo el ELN y la gran influencia del departamento de Arauca (frontera con Venezuela)”, agregó López.
El escándalo en la UNGRD comenzó cuando medios locales revelaron el presunto desfalco de 46.800 millones de pesos (unos 11,7 millones de dólares) para la compra de 40 camiones cisterna para llevar agua potable a la región desértica del departamento caribeño de La Guajira.
A esto se sumó el hecho de que el dinero de la entidad fue utilizado para sobornar a los presidentes del Senado y de la Cámara de Representantes a cambio de apoyo en el Congreso a las reformas sociales del presidente Petro.
En ese sentido, López implicó ante el tribunal al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, al hablar de la “reparto de contratos” a comisiones del Congreso para aprobar proyectos como ampliaciones presupuestarias.
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