El aumento del salario mínimo afecta a los trabajadores formales y es una herramienta para otros ajustes, como el salario de los funcionarios públicos, un elemento de gasto que el gobierno ha incluido en su rigidez, pero que está tensionado por la situación fiscal.
Todo indica que el salario mínimo de los trabajadores se dictará por decreto, a falta de consenso en la mesa tripartita, y hay tres escenarios posibles que afectarán la coordinación de los funcionarios.
Las posibilidades oscilan entre un aumento de alrededor del 6%, por el que apuestan los sindicatos privados, y un aumento del 12%, el límite superior sugerido por sindicatos y centrales laborales. A esta discusión se suma la incertidumbre que generó la declaración del presidente Gustavo Petro, quien aseguró que debido al colapso de la segunda reforma tributaria, el aumento salarial “debería ser significativo”, y algunos apuestan a que será del 10%. .
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Pero centrándonos en la composición de los funcionarios, hace unos meses el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana presentó un balance que combina los costos de los trabajadores, mostrando que el Estado paga 59,8 mil millones de dólares en salarios a sus trabajadores.
Este monto se divide en el salario básico por así decirlo, que es la suma de la asignación mensual, más factores salariales como bonificaciones, gastos de representación, bonificaciones, entre otros; que costará 35,9 mil millones de pesos en 2024.
A partir de ese monto, y proyectando tres escenarios posibles, los salarios estatales le costarán al Gobierno unos 39 mil millones de pesos, con un ajuste del 10%, 3.600 millones más que el valor publicado en 2024. república.
William Reyes García, investigador del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, explicó que la Secretaría de Hacienda calcula montos con base en proyecciones macroeconómicas a solicitud de todos los organismos estatales donde reportan el número de servidores públicos que tienen, asignaciones salariales, entre otros.
“Lo que hace el Minhacinda es que aporta una gran cantidad de recursos, los mete en una bolsa que se llama reparto (…) O sea, es dinero que se programa pero no hay certeza del monto concreto al calcularlo” Reyes dicho.
Al respecto, José Ignacio López, presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF), advirtió que por eso el gobierno no puede aumentar demasiado los salarios, ya que este aumento, podría estar vinculado a la situación financiera actual. Consecuencias negativas para sus empleados.
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