Son las 4:40 de la mañana cuando Saúl Lara sale de su casa en Tláhuac, en las afueras de la Ciudad de México, para ir a la universidad. Es el inicio de una larga jornada que ejemplifica la crisis inmobiliaria en la capital mexicana.
Lara, una estudiante de ciencias políticas de 20 años, tarda más de dos horas en llegar a la facultad, un viaje agotador que debe recorrer en mototaxis y un metro abarrotado.
“Una vez llegué tarde debido al transporte”, dice. Además de estudiar, Saúl trabaja 30 horas semanales en una farmacia y gana un salario mensual de 7.600 pesos (unos 350 euros).
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Cansado de este viaje, intentó acercarse a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde se matriculó, pero no pagó el alquiler. “Todo el salario se destina al alquiler”, afirmó.
Saúl está lejos de ser un incidente aislado en la Ciudad de México y su área metropolitana, hogar de 20 millones de personas.
La nueva alcaldesa de la capital, Clara Brugada, se ha comprometido a afrontar la crisis inmobiliaria. El funcionario, del mismo partido que la actual presidenta Claudia Sheinbaum, dijo que habrá “viviendas de alquiler para jóvenes con opción a compra”.
Pero el desafío es enorme. “En la Ciudad de México se perdieron 800 mil viviendas”, dijo Leopoldo Hirschhorn, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de la Vivienda (CANADEVI).
Además, los precios de las viviendas en el Valle de México subieron 6.6% en el primer semestre del año, según cifras oficiales.
Por eso la ciudad desaloja cada año a unas 100.000 personas que “no pueden pagar la vivienda”, estima Federico Taboda, director del Instituto de Planificación Democrática y Potencial de la ciudad.
Con información de AFP.
