– La Prensa – Venezuela –
La organización no gubernamental Prova informó el viernes que los privados de libertad habían sido detenidos. Contexto postelectoral Y los acusados de terrorismo se ven obligados a confesar los delitos que les imputa el Ministerio Público, según sus familiares.
Familiares de personas encarceladas por motivos políticos como Tocuyito, Tocorón, Rodeo y Las CrisálidasLa presión se ejerce mediante amenazas de procesamiento sin facilidades procesales y mediante torturas, tratos crueles, denegación de alimentos, medicinas y visitas.
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debido proceso
A raíz de las protestas postelectorales, madres, esposas y otros familiares de los detenidos denunciaron a sus seres queridos como víctimas de acusaciones formuladas contra ellos sin pruebas. Sin acceso a defensa personal y violaciones al debido procesoDestacando que sus seres queridos no pueden acceder al expediente para detallar las acusaciones en su contra.
Tales indicios se han encontrado en denuncias recibidas de familiares de detenidos en varios estados de Venezuela. Los presos son obligados a firmar y dar sus huellas dactilares.Los disparos son sobre papel en blanco, lo que según Prova “constituye un fraude procesal masivo y una nueva y flagrante violación de las garantías judiciales a los presos”, aseveró en un mensaje publicado en su perfil X.
crimen terrorista
Posteriormente, más de 2.000 personas fueron arrestadas. Elecciones presidenciales del 28 de julioSegún cifras emitidas por las autoridades venezolanas, tras desconocer los resultados electorales emitidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE).
Familiares de detenidos han revelado en numerosos casos que sus seres queridos no participaron en las protestas, pero que existen acusaciones en su contra Conspiración o actos de terrorismo..
En este sentido, Prova explica que el delito de terrorismo contempla penas de entre 25 y 30 años de prisión, Ley Orgánica Contra el Crimen Organizado y el Financiamiento del Terrorismo (LODOFAT).
CIDH Tortura y Tratos Crueles
Provea insiste en que Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) La jurisprudencia establece que el concepto de tortura y tratos o penas crueles no se limita a la práctica de violencia física o mental, sino que también incluye condiciones de detención que no respetan la dignidad humana, como hacinamiento, malas condiciones carcelarias, casos abusivos. Sanciones punitivas, falta de atención médica, falta de alimentos y agua potable adecuados y falta de recursos para satisfacer las necesidades básicas de los presos, etc.
“El elevado número de personas acusadas de terrorismo por el gobierno de Maduro y el cooptado sistema de administración de justicia venezolano ha sido calificado por diversos reportajes de la ONU como un 'abuso crónico' de las leyes antiterroristas”, indicó Prova en su perfil social. Red X.
Marino Alvarado, excoordinador de Provea, señaló en su perfil en la red social que el objetivo de dicha presión es lograr que los presos admitan los hechos que se les imputan en la audiencia preliminar. Obligar a personas inocentes a confesar la verdad es una grave violación de los derechos humanos”.
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