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La organización estadounidense Human Rights Watch denunció que Ecuador haya registrado una serie de violaciones de derechos humanos sin llevar a los responsables ante la justicia, tras declarar en enero el estado de conflicto armado interno en medio de una espiral de violencia provocada por delincuentes. .
Una carta al presidente Daniel Noboa cuestionó la existencia del grupo de derechos humanos Conflicto armado interno argumentando que “parece carecer de fundamento jurídico” y precisó que el término se refiere a “violencia armada prolongada entre autoridades gubernamentales y grupos armados organizados”.
La directora para las Américas de HRW, Juanita Gobertas, señaló que tales condiciones han contribuido a “graves violaciones de derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad”, incluida al menos una supuesta ejecución extrajudicial y múltiples casos de detención arbitraria, malos tratos y cierta falta de debido proceso. 13.000 prisioneros.
En medio de una espiral de violencia, que incluyó la fuga de prisión de los líderes criminales Adolfo Macías y Fabricio Colón Pico, y la toma en vivo por hombres armados el 9 de enero de un canal de televisión estatal, Noboa decidió alistarse en el interior del estado. Conflicto armado contra grupos criminales.
Luego identificó 22 redes del crimen organizado, que el gobierno describió como terroristas, y autorizó la acción conjunta de las fuerzas armadas y la policía, que la policía consideraba centros del crimen organizado en las calles y en las prisiones.
En un caso documentado por Observador de derechos humanos, los soldados mataron a Carlos Javier Vega, de 19 años, el 2 de febrero en Guayaquil e hirieron a su primo, Eduardo Velasco. Las fuerzas armadas dijeron que los jóvenes intentaron “evadir el control, atacar al personal militar” y los calificaron de “terroristas”.
Las familias de Vega y Velasco dijeron que hubo abuso y que los dos jóvenes salieron de la casa para vender un cachorro.
Human Rights Watch cuestionó la versión del ejército de que los jóvenes estaban involucrados en bandas criminales, basándose en entrevistas con testigos, familiares de las víctimas y abogados, así como en vídeos, fotografías y documentos judiciales.
Para organizaciones de derechos humanos, el gobierno de Ecuador no ha “presentado pruebas suficientes para concluir que existe un conflicto armado con alguno de estos 22 grupos del crimen organizado”, identificados por las autoridades y que sirvieron de base para tal declaración.
Asimismo, enfatizó que muchas personas que fueron reportadas como aparentemente detenidas nunca fueron llevadas ante un fiscal o un juez. Según el informe, muchas de las más de 13.000 personas reportadas como detenidas parecen haber estado bajo custodia por períodos cortos sin el debido proceso legal y, según videos y fotografías publicados en Internet—que Human Rights Watch verificó—sometidas a abusos, palizas y otros tratos degradantes.
En cuanto a las condiciones carcelarias, el informe de HRW confirma que los militares, que controlan las cárceles de Ecuador desde enero, han mantenido a los presos incomunicados, impidiéndoles en ocasiones su derecho a consultar abogados o recibir asistencia médica.
En otro caso recogido por la organización, un detenido describió en una audiencia judicial cómo los militares le golpearon en la espalda con un alambre y le pisaron los dedos de los pies. “Desde ayer no podían pegarme porque estaba enfermo, me obligaron a abrir las piernas y me golpearon en los testículos”, dijo.
HRW destacó que el documento enviado a Noboa es resultado del trabajo realizado entre enero y abril, luego de entrevistas a una decena de víctimas de tortura, sus familiares, abogados, ministerios e instituciones estatales, incluyendo información, fotografías, videos, revisión de expedientes y análisis. Asista realmente a la audiencia judicial.
Goerbertus llamó al Presidente Noboa a “responder a la violencia (criminal) con una política de seguridad eficaz que proteja a los ecuatorianos”, a fortalecer el sistema judicial, a crear una unidad de investigación bien capacitada y dotada de recursos en la Fiscalía General, para que los fiscales no confia en ellos. Policía.
Pidió aumentar el número y los poderes de los investigadores forenses, fiscales y jueces que investigan y procesan casos de crimen organizado y corrupción, y un mayor financiamiento para proteger a los funcionarios judiciales, entre otras acciones.
Los homicidios en Ecuador aumentaron un 574,30% entre 2019 y 2023, período en el que las muertes violentas subieron de siete a más de 47 por cada 100.000 habitantes, citando estadísticas del Observatorio del Crimen Organizado de Ecuador. El gobierno dice que como resultado de sus políticas, los homicidios han caído un 27%, aunque la policía ha registrado 1.875 asesinatos este año hasta el 11 de mayo. También han aumentado los secuestros y las extorsiones.
Según las autoridades, las bandas criminales Choneros y Los Lobos, asociadas con narcotraficantes colombianos, mexicanos y albaneses, se pelean por el control del territorio y las rutas del narcotráfico. Según la policía, Ecuador es considerado un importante centro de almacenamiento y exportación de drogas.
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