La Contraloría General de la República (CGR) inhabilitó a María Corina Machado, líder opositora durante 15 años y fundadora del partido Vente Venezuela, por supuestas irregularidades en el manejo de fondos públicos mientras era diputada de la Asamblea Nacional (AN).
La decisión fue comunicada en una carta dirigida al diputado José Brito el 30 de junio, quien días antes había solicitado información a la dependencia sobre la situación de los opositores.
Sin embargo, según la denuncia del organismo de justicia, la acción contra Machado está plagada de prevaricación e ilegalidad que la deja sin efecto. Se identificaron estas cinco irregularidades:
1. Falsa presunción de verdad: Machado no es funcionario público ni lo es desde su destitución como diputado por decisión de Diosdado Cabello, entonces presidente de la AN, aprobada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en 2014. .
2. Se acabó el tiempo: El regulador dijo que mantiene abierto el proceso contra Machado que comenzó en 2015 y lo inhabilitó por primera vez en 12 meses. Sin embargo, el artículo 114 de la Ley Orgánica de la Contraloría establece que las acciones de autorización administrativa se determinan en el plazo de cinco años, plazo que ya venció.
3. Sin Derecho a la Defensa: Machado no fue notificado ni tuvo la oportunidad de presentar sus argumentos y pruebas ante la Contraloría, en violación del artículo 49 de la Constitución, que garantiza el derecho al debido proceso ya la defensa.
4. Doble sanción: la Contraloría basó su decisión en un expediente que ya había sido utilizado para inhabilitar a Machado en 2015, en violación del artículo 49 numeral 7 de la constitución, que prohíbe que una persona sea procesada por la misma información. que fue juzgado antes.
5. Sin facultad de inhabilitar: La Contraloría no tiene facultad para inhabilitar a ciudadanos para cargos públicos, por ser un sistema administrativo desigual que viola los derechos políticos consagrados en la Constitución.
La inhabilitación contra Machado podría ser otro ejemplo del uso arbitrario de este método por parte del gobierno de Nicolás Maduro para neutralizar a sus opositores políticos y limitar las opciones democráticas de cara a las próximas elecciones presidenciales.