– La Prensa – Venezuela –
El ex parlamentario y defensor de los derechos humanos Rafael Narváez ha presentado una dura denuncia sobre el estado del sistema de justicia de Venezuela, describiendo Daños a la Constitución y a los derechos humanos son “irreparables”.
Narváez sostiene que el poder popular carece de independencia y Politización del sistema de justicia Son los principales obstáculos para garantizar la justicia y los derechos fundamentales.
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Politización del sistema de justicia
Narváez apunta a que para las situaciones más graves Derechos civiles y políticos y garantías constitucionales Es la existencia de un poder judicial con “militancia política” y “disciplina de partido”.
Según Narváez, este sistema, en alianza con las fuerzas de seguridad del Estado, sirve para “silenciar las diferencias y limitar el derecho a la manifestación pacífica”, en violación del artículo 68 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), denunció el coordinador de defensa. . de los derechos civiles.
Violación de los derechos humanos
El defensor de derechos humanos denunció una serie de actos que calificó de “atrocidades” y “opresión” perpetrados por el poder judicial, que lejos de ser garante de derechos, se ha convertido en un dispositivo de represión“Detenciones arbitrarias, ocultando información sobre su paradero a sus familiares”, aseveró.
De igual manera, condenó “Trato cruel e inhumano con tortura. En centros de detención como el Helicoid, la llamada “cuna de la tortura”. Además, destacó la reapertura de “otros que estaban cerrados” como Tocorón y Toquito “para albergar a adolescentes que alzaron su voz en el reclamo de soberanía popular que se expresó a través de la votación del 28 de julio”.
El poder judicial como adversario de los derechos humanos
Narváez afirma que el sistema judicial pasa a “desconocer el poder, autoridad y competencia establecidos en la Carta Magna”.El peor enemigo de los derechos humanos de toda nuestra sociedad. Esta afirmación indica la gravedad de la situación y la pérdida de confianza en las instituciones encargadas de garantizar la justicia.
Por otro lado, el ex parlamentario criticó el conflicto entre la retórica gubernamental de izar la “bandera de la paz” y la implementación de “políticas represivas” con el uso de fuerzas militares y de seguridad. Esta opresión está dirigida “Exigencias de silencio mediante persecución y arresto ciudadanos y líderes políticos”, incluidos periodistas que se encuentran encarcelados por ejercer su profesión.
Narváez concluye que “el camino hacia la paz no se hace con cárceles, al contrario, el camino comienza con la tolerancia y la justicia imparcial”. Esta frase resume su llamado a un cambio en la política de Estado priorizando el diálogo y el respeto a los derechos humanos.
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