– La Prensa – Venezuela –
Human Rights Watch publicó un informe el martes que documenta Violación de los derechos humanos Menores detenidos durante el estado de emergencia en El Salvador, que otorga al presidente Nayeb Bukel poderes extraordinarios para combatir las pandillas.
El documento de 114 páginas detalla casos de detención arbitraria, tortura y otras formas de malos tratos a menores detenidos como parte de la represión del gobierno contra las pandillas que se han desarrollado durante más de tres décadas en barrios y comunidades pobres.
Informes de organismos internacionales indican que los detenidos, cuyas autoridades están vinculadas a pandillas, están sometidos a condiciones de detención deplorables que en ocasiones incluyen hacinamiento y falta de alimentación y atención médica adecuadas, así como de contacto con abogados y familiares.
Agregó que, en varios casos, los menores son detenidos junto con los adultos en los primeros días del arresto y “muchos Condenado por el crimen Definido de manera amplia y judicial, incluida la violación del debido proceso.”
El estado de emergencia vigente desde el 27 de marzo de 2022 suspendió derechos fundamentales como el derecho a ser informado de los motivos de la detención o el derecho a tener acceso a un abogado.
Bajo este régimen, además, las fuerzas de seguridad pueden interceptar las telecomunicaciones sin orden judicial, y la detención sin audiencia judicial se amplía de 72 horas a 15 días.
Como parte de su estrategia para combatir las pandillas, el Congreso también aprobó reformas al Código Penal para convertir la pertenencia a pandillas en un delito grave, punible con entre 20 y 40 años de prisión. Los cabecillas pueden enfrentar hasta 60 años de prisión.
La reforma del Código Penal impone una pena mínima de 10 años para quienes hayan cumplido 12 años y para los acusados de pertenecer a pandillas. Si tienen entre 16 y 18 años la pena es de 20 años de prisión.
Desde que el Congreso aprobó las medidas de emergencia, las fuerzas de seguridad han detenido a más de 81.110 personas, incluidos 3.000 menores. Más de 1.000 menores han sido condenados a entre dos y 12 años de prisión, “a menudo por cargos definidos de manera demasiado amplia, como crimen organizado, y frecuentemente basados en testimonios policiales”.
Observador de derechos humanos Aseguró que “en muchos casos, las autoridades coaccionan confesiones falsas a menores mediante acuerdos judiciales abusivos y, en ocasiones, malos tratos o torturas”.
– La Prensa – Venezuela –
