– La Prensa – Venezuela –
Nicolás Maduro Firmado este viernes Ley Orgánica Simón BolívarUn reglamento aprobado por la Asamblea Nacional el 28 de noviembre y que prevé sanciones estrictas contra personas o instituciones que apoya las sanciones internacionales impuesta al gobierno venezolano.
Ley, formalmente conocida como « Ley orgánica del Libertador Simón Bolivar contra el bloqueo imperialista y en defensa de la República Bolivariana de Venezuela”, dice Prisión de entre 25 y 30 añosAsí como multas millonarias de hasta un millón de euros.
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Al firmar el reglamento, Maduro expresó: “El juicio sucederá, y no nacimos en un día de chantaje, para defender una ley derrotaremos a los chantajistas, el día de los cobardes, El fascismo fue derrotado con justicia.“Con la ley, con la verdad y con el poder del pueblo”. Con estas palabras el líder chavismo venezolano fortaleció su posición Conflicto con sanciones extranjeras Lo que considera como un obstáculo para el desarrollo del país.
La ley contempla que quienes participen en promover o apoyar sanciones internacionales contra Venezuela deberán estar sujetos a severas penas, que Incluye hasta 30 años de prisión. y una inhabilitación política que puede durar hasta 60 años, que les impedirá postularse a cargos públicos o participar en elecciones. Además, los acusados pueden ser juzgados en rebeldía si se niegan a comparecer en el juicio y Enfréntate a las autoridades.
Una de las características más notables del reglamento es Ampliación de oraciones Quienes promuevan o participen en actividades que atenten contra la soberanía de Venezuela, como “acciones armadas”, “ataques cibernéticos” o incluso difundir mensajes que apoyen sanciones contra el país. Esta última disposición afecta también a los medios de comunicación, que pueden ser multados y, en casos extremos, expulsados del espectro radioeléctrico si se demuestra que han difundido contenidos relacionados con el apoyo a sanciones internacionales.
El marco legal, que entra en vigor con la firma de Maduro, también busca frenar Desconocimiento de la mano de obra y autoridades legítimas del país. En este contexto, la ley reconoce a personas o entidades que se declaran representantes del poder popular, pero que no cuentan con el apoyo oficial del gobierno venezolano.
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