Más de 130 organizaciones de la sociedad civil y 57 activistas de 15 estados del país, integrantes de la coalición anticorrupción, hicieron un llamado urgente a la mesa de negociaciones para implementar el acuerdo firmado en noviembre de 2022, que contempla la creación de un fondo de seguridad social . Para el pueblo de Venezuela, se destina un monto de 3.000 millones de dólares, para asistir a los sectores más afectados por la compleja emergencia humanitaria que enfrenta el país.
Organizaciones y activistas han expresado su preocupación por los retrasos en la implementación del proceso, que podría aliviar el sufrimiento de millones de venezolanos que padecen hambre, enfermedades, falta de servicios básicos y violaciones a los derechos humanos. Según datos de la ONU, el 65% de la población necesita algún tipo de asistencia y el 34% se encuentra en una situación de necesidad humanitaria.
– La Prensa – Venezuela –
Estas organizaciones, parte de la coalición anticorrupción, hicieron un llamado de urgencia a los signatarios del “Segundo Acuerdo Parcial para la Protección Social del Pueblo Venezolano” ya los representantes de la ONU a implementar la conformación del “Fondo”. Por la seguridad social del pueblo venezolano”, un sistema que permite llegar a millones de personas en situación de vulnerabilidad en el país.
Sin embargo, a más de siete meses de la firma del acuerdo, aún no se ha creado el fondo ni definido su administración, lo que representa un retraso inaceptable considerando la grave crisis humanitaria que enfrenta Venezuela.
Según datos de Ham Venezuela, unos 19 millones de venezolanos, el 65% de la población, se encuentran en necesidad de asistencia y unos 10 millones en necesidad humanitaria. Además, según la FAO, Venezuela tiene la tasa de desnutrición más alta de América Latina con un 22,9 %, y al menos el 70 % de los hogares enfrenta inseguridad alimentaria y 6,5 millones pasan hambre, según Prova.
– La Prensa – Venezuela –
Organizaciones de la sociedad civil venezolana hacen un llamado a las partes del acuerdo y a las Naciones Unidas a actuar de manera inmediata y responsable para generar fondos y asegurar su transparencia y efectividad en el uso de los recursos para mejorar las condiciones de vida del pueblo venezolano.
– La Prensa – Venezuela –
