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D Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó este martes 7 de enero de 2025 un informe que condena la violación sistemática de derechos ocurrida en el contexto de las elecciones venezolanas a lo largo de 2024.
El título del documento es “Venezuela. Graves violaciones a los derechos humanos en el contexto electoralAnaliza la situación de persecución y represión política, así como de la libertad de expresión, en los meses previos a las elecciones presidenciales, así como durante y después de las mismas, y concluye que “Practicando el terrorismo de Estadoque quería infundir miedo en la gente.
“Ante el aumento de la persecución política en el país, en el marco de las elecciones presidenciales de 2024, la CIDH ha activado todas sus medidas de seguridad, incluyendo el establecimiento de una Sala de Coordinación y Respuesta oportuna e integrada (SACROI Venezuela)”, subrayo en el documento. .
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El informe fue solicitado por “numerosos organismos nacionales e internacionales de derechos humanos” y analizó los testimonios recibidos a través del “Mecanismo Especial de Seguimiento para Venezuela (MESEVE)”, información disponible sobre casos, peticiones y medidas cautelares y provisionales, y otros documentos de la Comisión. . Además, se basó en acciones oficiales del Estado e información pública y en conclusiones de otros organismos internacionales de derechos humanos.
CIDH y Daman respectivamente
Todo lo ocurrido durante el período analizado violó el derecho a participar en elecciones, a hacer campaña sin restricciones arbitrarias o discriminatorias, a elecciones libres, a la seguridad, a la vida, a la igualdad ante la ley, a la presunción de inocencia, a la igualdad de oportunidades en la esfera privada. Vida, circular libremente por el país y salir y regresar, identidad, libertad, entre otras.
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Para la CIDH, el gobierno de Nicolás Maduro implementó una “estrategia represiva coordinada” antes, durante y después de las elecciones presidenciales del 28 de julio, en la que utilizó “prácticas de terrorismo de Estado” para perpetuarse en el poder.
La Comisión destacó que toda la estrategia se implementó en tres fases. El primero fue durante el período preelectoral y buscó impedir la “participación política” de la oposición en el proceso. El hostigamiento, la persecución y la detención fueron ordenados a través de instituciones como la Contraloría General de la República, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y las fuerzas de seguridad.Manifestantes, defensores de derechos humanos y líderes sociales”, así como el retiro de la Misión Internacional de Observación Electoral.
Esa primera fase también incluyó medidas de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) para limitar la libertad de prensa y del Consejo Nacional Electoral (CNE) para negar “el derecho al voto en el extranjero”, afectando al menos a 5 millones de venezolanos.
Implementación de la segunda y tercera fase de la estrategia.
La segunda etapa se llevó a cabo el día de las elecciones: el 28 de julio de 2024, cuando “los resultados fueron manipulados para declarar ganador a Nicolás Maduro sin ningún tipo de transparencia”. La CIDH destacó que el CNE dejó de transmitir datos por un presunto “ataque cibernético”, suspendió las auditorías del proceso electoral y nunca difundió actas de votación.
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La tercera etapa fue la represión sistemática contra los ciudadanos que protestaban por un presunto fraude electoral. Según la organización, “el terrorismo como herramienta de control social” se ha incrementado con los ataques de grupos de choque civiles (combinados) y la “Operación Tun Tun”.
El resultado fueron “al menos 25 asesinatos, decenas de desapariciones forzadas sumarias, cerca de 2.000 detenciones arbitrarias -entre ellas niñas, niños y adolescentes-, torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, y graves violaciones de las garantías judiciales y de la libertad de expresión”. La comisión se refirió a las “tácticas” represivas como “arrestos masivos, allanamientos sin orden judicial, marcado de casas de opositores, allanamientos en barrios populares y cancelación repentina de pasaportes”.
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