En el actual contexto preelectoral, expresan su rechazo al crecimiento y desarrollo del régimen represivo del Estado venezolano. Centro de Estudios Políticos y de Gobierno (CEPyG) y Centro de Derechos Humanos (CDH) de la UCAB, Además de 70 organizaciones de la sociedad civil.
Esta posición la dieron a conocer a través de un comunicado en el que advirtieron que “el patrón de opresión se ha implementado cercenando el ejercicio de derechos fundamentales, como la participación política, la libertad de expresión y el derecho de asociación, lo que mantiene restricciones, ya de larga data”. posición, en el espacio civil y democrático del país”.
Indicaron que, en agosto de 2023, seis sindicalistas fueron condenados a 16 años de prisión luego de ser juzgados por un tribunal con competencia en materia de terrorismo por delitos de conspiración y asociación para delinquir. Además, el día 15, la madre de la señora Yoshida Vanegas Sargento Juan Carlos Monasterios, quien fue juzgado y condenado por intento de asesinato, fue detenido sin orden judicial en un puesto de control y desaparecido en el estado Táchira. Según información dada a conocer por sus familiares en su momento, la señora Vanegas fue trasladada a Caracas por una comisión de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).
Por otro lado, fue detenido el 21 de agosto. policia nacional bolivariana (PNB) el enfermero y dirigente José Cádiz frente a su casa y el 23 del mismo mes, presentador del canal de televisión Globovisión, Sear Contreras, fue despedido tras exponerse e interrogar al diputado Ramón Magallanes durante una entrevista. Asimismo, las líderes políticas Delsa Solorzano y María Corina Machado han recibido amenazas a su integridad física en el marco de sus visitas a diferentes estados del país relacionadas con su candidatura para el próximo proceso electoral.
A estas organizaciones les preocupa que el Estado venezolano esté tomando represalias contra la ciudadanía y el sector de la sociedad civil, una forma de represalia por ejercer su derecho a la libertad de expresión y participación en los asuntos públicos a través de la agresión y la criminalización. “Vemos con preocupación los incidentes de violencia e intimidación en la fase preelectoral que anticipamos tendrán un efecto paralizador en los próximos procesos electorales”.
Además, dicen que a todo esto hay que sumarle la inhabilitación política sin sentencia firme, actos de intimidación y acoso a diversos sectores de la sociedad que quieren incentivar la participación política a través de elecciones primarias, así como con la intervención judicial de la sociedad civil. Cruz Roja Venezolana y organizaciones políticas, a saber Partido Comunista de Venezuela (PCV). “Esta es una forma de privar de sus derechos y condicionar al electorado en Venezuela, lo que, junto con los obstáculos institucionales y prácticos impuestos por el Estado, limita un auténtico proceso electoral, se ajusta a los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos y restringe más espacio civil en el país. “.
Finalmente, pidieron el fin de la represión por parte del Estado venezolano de las voces disidentes al criminalizarlas. Enfatizaron en tener presente que “para asegurar la integridad del futuro proceso electoral, prevenir la violencia electoral, garantizar y respetar, sin discriminación, la libertad de expresión, el ejercicio del derecho a la libertad, es obligatorio dirigir las acciones de el Estado Participación política de asociaciones y ciudadanos, actores de la sociedad. Partidos politicos“
